Columna de Daniela Almirón en Diario Jornada por el 8M

Desde CIEDEPAS compartimos columna de Daniela Almirón para Diario Jornada contando sus vivencias en el 8M desde Madrid, España.

Link: https://www.diariojornada.com.ar/268072/sociedad/el_8_de_marzo_va_mas_alla_de_los_husos_horarios/

 

El 8 de marzo va más allá de los husos horarios

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La agenda comenzó el 7 a la noche, en Plaza del Sol, con una “cacerolada” de reclamo y reivindicación. Cientos de personas, convocadas por las mujeres de violeta. El plan continuaba el 8 con desayunos y almuerzos comunitarios en diferentes plazas de Madrid.

Los husos horarios no rigen para el 8 de marzo de conmemoración del día internacional de la mujer. Seremos diferentes por diversos factores en las latitudes del planeta, y somos mujeres. Color, lengua, contextura física, pobreza, riqueza, en paz, dentro de una guerra, religiones, ojos, cabellos, manos, vientres, energía.

¿Qué nos une el 8 de marzo a todas las mujeres del mundo?

Así comencé el recorrido desde la plaza del barrio de Lavapiés, y encontré las primeras jóvenes con violeta en el cuerpo, dispuestas a contarme de qué se trataba este día. Subí hacia la plaza de Tirso de Molina por la calle de Jesús y María. La feria habitual de los domingos, llena de flores, tenía un matiz diferente. Los libreros autodenominados comunistas de la organización que se ocupan de sus presos, me cuentan por qué irán a la marcha. Dicen que a las mujeres nos une el camino de la emancipación y que no mueran más por la violencia masculina. Sobre una mesa, exhiben y venden los libros escritos por quienes están privados de libertad, y con lo que recaudan los ayudan.

Hugo y su madre tienen un puesto con venta de camisetas, vinchas, prendedores, pañuelos alusivos al 8M. Hugo dice “que a las mujeres hoy nos une el hastío por el maltrato de los hombres, la injusticia social sufrida diariamente, las agresiones sexuales, hoy están unidas porque son conscientes que sin ellas no podemos hacer nada.”

Desde Tirso me encaminé hacia Sol y de ahí hacia Atocha. Ya empezaban a llegar. El violeta es la marca registrada, hombres y mujeres de todas las franjas etarias, niños y niñas. Es una verdadera fiesta inclusiva. Se escuchan diferentes lenguas y acentos en esta multiculturalidad madrileña. Escucho mis sonidos queridos latinoamericanos. Un picnic de amigas, que se vinieron preparadas con todo, incluido el licor de vainilla para el café que traen en un termo. Conocen la Patagonia, una de ellas me evoca las ballenas y nuestras bellezas naturales. Son docentes, enfermeras, jubiladas, ¡son amigas! Dicen que nos une la desigualdad, los asesinatos, la opresión del patriarcado, el apoyo y la sororidad.

En diferentes puntos, al lado de Atocha con el maravilloso edificio detrás que supo de violencia y espanto, unos conjuntos de chicas bailan salsa, tiene un grupo de baile LGTB, porque descreen que “los chicos tienen que guiar a las chicas, y se puede bailar de otras formas”.

Otro grupo son las “mujeres titiriterAs”, cada una de ellas tiene en sus manos lo que sería el sexo femenino, con el que interpretan y representan canciones de rock. Tienen emprendimientos diferentes e individuales, aunque se han unido para avanzar juntas usando el arte como forma de decir y exponer.

Banderas, pancartas, sombreros, polleras de tul, falsos tatoos en violeta y con símbolos alusivos al día. De camino a Plaza España, ya en la marcha, me encuentro con una señora boliviana, que busca a su grupo y sus cholitas, lleva pañuelo y brillantina violeta en el pelo. Más adelante me encontraré con las mujeres que hacen danza tribal, y luego con una batucada.

Carteles y más carteles, leyendas, mensajes, ideas, música, baile.

En Plaza España, Berta de Guatemala se ha sentado en la parada del bus que no transita porque las calles están “avioletadas”. Me cuenta que está descansando porque caminó mucho, luce su pañuelo violeta y me dice que a las mujeres “nos une la valentía, la fuerza de ser mujer y la misma búsqueda de lo que queremos realizar en nuestra vida, y sobre todo el sentirnos respetadas y queridas como mujeres que somos”. Me conmueve su dulzura y seguridad. A nuestro lado está José, que me pregunta quién soy y de dónde, y acepta la entrevista. Dice que viene todos los años, su mujer no está bien de salud, y el viene porque “cree que es obligación de todo ciudadano apoyar, porque gracias a vosotras estamos aquí todos.”

El Paseo del Prado se ha vestido de violeta, de emoción, de genuinidad. Ahí está la estatua de Velázquez contemplando, seguro que pintaría unas Meninas violetas. Creo que Velázquez quizás se prendería a la movilización, porque imposible es abstraerse, soslayar esa energía contundente y unida.

 

 

Columna de Daniela Almirón en Diario Jornada

Desde CIEDEPAS compartimos columna de Daniela Almirón para Diario Jornada.

Artículo de Alejandra Otero Ruiz

Desde Ciedepas compartimos artículo de Alejandra Otero Ruiz, Abogada e Historiadora colombiana experta en acceso a justicia con perspectiva de género.

 

Retos del posconflicto: El acceso a la justicia para las mujeres víctimas del conflicto armado en Colombia. Parte 1

El Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera compromete al Estado colombiano a garantizar que las mujeres víctimas de violencia en el marco del conflicto armado tengan acceso a la justicia. Para tal efecto, el punto 5 del Acuerdo creó: la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición; la Unidad de Búsqueda para Personas dadas por Desaparecidas; la Jurisdicción Especial para la Paz -en adelante JEP- y las medidas de reparación integral para la construcción de paz y las garantías de no repetición.

Estas instituciones que funcionarán durante un periodo específico, de manera paralela a instituciones estatales que ya existen para los mismos fines, es lo que se conoce como justicia transicional, pues operarán durante un periodo en el que la sociedad transita, con todas las ambigüedades que se derivan de este término, desde un periodo de conflicto a otro de posconflicto, producto de un acuerdo político entre algunos de los agentes en disputa. Como esa transición normalmente ocurre tras largos periodos de inestabilidad, y precisamente porque las jurisdicciones tradicionales no han podido satisfacer de manera exitosa los derechos de las víctimas en cuanto al acceso a justicia, se justifica que éstas jurisdicción alternativa opere bajo una serie de reglas que son excepcionales, por ejemplo: que juzgue solo algunos casos emblemáticos, que imponga penas alternativas a la prisión en centros penitenciarios, entre otras.

El proceso de creación y funcionamiento de cada una de estas instituciones trae consigo una serie de retos importantes. Por razones de espacio, este escrito abordará únicamente los concernientes a la JEP, de manera general y puntualmente el desafío de proveer justicia a las mujeres víctimas del conflicto a partir de la selección de los casos mas emblemáticos y representativos del conflicto armado.

Antes de abordar este asunto es pertinente tener en cuenta que la impunidad en la jurisdicción ordinaria en Colombia es muy alta. Según el informe país más reciente de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos: “la tasa de impunidad en los casos de homicidios dolosos ha sido históricamente muy alta, oscila entre el 86,58 % y el 94,30 % en los casos conocidos por las autoridades”, esto significa que de 100 casos denunciados sólo 5 logran llegar a término.

Ahora bien, la impunidad alrededor de las violencias de las que son víctimas las mujeres es muy similar, la Fiscalía General de la Nación reporta que el numero de denuncias de casos de violencia sexual –que incluyen todos los delitos contra la libertad, integridad y formaciones 

sexuales- la mayoría de casos se encuentran en la primera etapa procesal 89,8%, solo el 25,1% de los casos están en etapa de investigación y solo el 5.7% llegan a etapa de juicio. De acuerdo con Humanas, “lo anterior, es evidencia de una falla en el sistema de justicia en general pero que afecta en mayor medida a las mujeres y que se traduce en altos riesgos de impunidad en los procesos de investigación y sanción de los responsables en casos de violencia sexual, así como en un alto índice de tolerancia y normalización del sistema de justicia frente a este delito.

 En ese orden de ideas, uno de los retos iniciales que tiene la JEP es posicionarse, a diferencia de la jurisdicción ordinaria, como una institución capaz de cumplir su cometido: “administrar justicia transicional y conocer de los delitos cometidos en el marco del conflicto armado que se hubieran cometido antes del 1 de diciembre de 2016”. El punto 5 del Acuerdo, denominado “Sobre las víctimas del conflicto”, explicita que la justicia incluye conocer la verdad de lo sucedido, recibir reparación y tener la garantía de no repetición de los hechos que ocasionaron el daño en primer lugar. En pocas palabras, en el esquema de justicia transicional, la pena es uno de los componentes de la justicia, pero no el único. La JEP hasta la fecha ha enfrentado la oposición incluso de mujeres víctimas del conflicto, que se niegan a reconocerla como una jurisdicción adecuada para conocer de los delitos que son de su competencia o que no comparten el tipo y duración de las penas que se establecen en los acuerdos, así las cosas, una tarea urgente es legitimarse entre las víctimas para que con la comparecencia de éstas pueda investigar, juzgar y sancionar a los responsables de los delitos de lesa humanidad.

 Atendiendo a que el universo de víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado es heterogéneo, uno de los objetivos del punto 5 del Acuerdo es tener en cuenta las particularidades de éstas, razón por la cual se compromete a aplicar un “enfoque territorial, diferencial y de género, mediante el tratamiento diferenciado de territorios y poblaciones, en especial de las víctimas mujeres, de los niños y las niñas, y de las poblaciones y los colectivos más humildes y más vulnerables, y por tanto más afectadas por el conflicto”. Es este punto precisamente en donde el reto de escoger los casos a priorizar para “Investigar, juzgar y sancionar los crímenes más graves y representativos ocurridos en el conflicto” (negritas fuera de texto) cobra particular importancia, ¿cómo escoger los casos más graves y representativos teniendo en cuenta que el tipo de violencias basadas en el género es por la naturaleza del conflicto colombiano muy diversa? ¿entre diversos delitos muy graves, qué es mas grave si el daño moral es subjetivo? ¿cómo se garantiza la representatividad de un delito? ¿qué mecanismos se utilizaran para definirla?

 El Centro Nacional de Memoria Histórica, entidad que ha recopilado miles de testimonios de mujeres víctimas del conflicto y que ha producido sendos informes temáticos y regionales para tratar de dar cuenta de la variedad de dinámicas de la guerra y las afectaciones que esta genera, explica que: “la violencia que se ejerce contra la mujer en tiempos de paz como en tiempos de guerra está vinculada a un conjunto de discriminaciones que aún operan frente al género femenino. Por eso, comprender la violencia que cada actor armado ejerce en los campos de batalla contra las mujeres exige que se desentrañe cómo ese ejercicio se inscribe en esas 

discriminaciones más amplias de género”. Es decir, la violencia contra la mujer en el marco del conflicto armado se inscribe dentro de un escenario más amplio: el de la discriminación histórica en contra de la mujer, esta última es el sustrato sobre el cual se agrava la violencia en un contexto específico, como lo es el marco del conflicto armado, sin que aun haya unanimidad sobre lo que este término implica.

 Entre los retos de la JEP está el de especificar qué se entiende como “ocurrido en el marco del conflicto armado”, y cuáles son los criterios para definirlo, la discusión alrededor de las ejecuciones extrajudiciales cometidas por miembros de las fuerzas armadas colombianas y si pertenecen o no a este marco y por ende si deben o no ser conocidas por la JEP, son un ejemplo de lo anterior.

 Son varios los informes que documentan las múltiples violaciones de las que han sido víctimas las mujeres, el Grupo de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación explica que “las guerras difieren según su naturaleza, y ésta, a su vez, está inextricablemente unida a los actores de la confrontación, los intereses que promueven, sus bases sociales, las ideologías que aducen, los recursos en disputa, las alianzas que urden y sus distintas maneras de inserción en los conflictos locales, elementos todos que a su vez generan variaciones en cuanto a las estrategias y repertorios de violencia, y los dominios y regulaciones sociales que cada uno construye”, razón por la cual incluso mujeres de bajos recursos, rurales, indígenas, que fueron víctimas del mismo delito, por los mismos actores, pero en distintas zonas, podrán no sentirse representadas por el mismo caso escogido como emblemático.

 Los criterios que utilizará la JEP para seleccionar los casos más graves y emblemáticos fueron definidos en la Ley 1957 de 2016 - Estatutaria de la Administración de Justicia en la Jurisdicción Especial Para la Paz, en el Artículo 19, a saber:

 “Artículo 19. Principio de selección (…) Constituyen criterios de selección:

  • Gravedad de los hechos: Grado de afectación de derechos fundamentales individuales y colectivos; modalidad de la comisión de los hechos en términos de violencia y sistematicidad
  • Representatividad: Efectos de la investigación y judicialización de los hechos: capacidad de ilustración del modus operandi y/o prácticas o patrones criminales de los hechos
  • Características diferenciales de las víctimas: Condiciones de vulnerabilidad y/o necesidad de adoptar medidas diferenciales de protección derivadas de patrones históricos, sociales y culturales de discriminación que se han identificado a partir de aspectos como: el origen étnico, el género, la edad, la condición de discapacidad, la orientación sexual y la identidad de género y/o rol social de la víctima
  • Características de los responsables: Participación activa o determinante en la comisión de los crímenes de competencia de esta jurisdicción y/o la prueba de su autoría y participación en los hechos concretos
  • Disponibilidad probatoria: Calidad y cantidad de las pruebas disponibles, las requeridas para probar el hecho y su dificultad para conseguirlas

 

Algunos de los criterios anteriores parecen ir en concordancia con los parámetros definidos por la Red Matriz de Casos para seleccionar los casos que serán priorizados, faltan sin embargo los criterios de consideración práctica y política.

 Adicionalmente, tal vez sea necesario acordar mecanismos de participación que permitan que la sociedad civil y las organizaciones de víctimas puedan contribuir en la priorización y representatividad de los casos seleccionados para juzgamiento.